Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual

El foro-debate sobre el proyecto de ley del servicio de comunicación audiovisual, se llevó a cabo ayer en la sede de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con la presencia de numerosos representantes de los distintos centros de comunicación del país. De esta manera se hicieron presentes el diputado Agustín Rossi y el director del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) Gabriel Marioto, entre otros.

De esta manera el vicerrector de la UNR, Eduardo Seminara, manifestó que la reforma de la ley de radiodifusión no es un tema que competa sólo a los especialistas, sino al pueblo en general. “La democracia está en deuda con la sociedad”, aseguró. Mencionó con vehemencia el triste papel que adoptaron algunos de los formadores de opinión pública, con sus discursos de autojustificación con respecto al desacuerdo de la renovación de la ley, en donde “muchos periodistas se hicieron partícipes”.

Sumado a esto, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, afirmó que con la nueva ley se busca aumentar la fuente de trabajo, incrementar la producción local y regional, federalizar y desmonopolizar los medios de comunicación, y tomar a la sociedad ya no como una espectadora sino como una mera protagonista de los hechos. “Debemos cambiar el modelo de receptor como consumidor y recrearlos como ciudadano”, declaró.

La necesidad de una reforma resulta imprescindible para un correcto desempeño de las funciones mediáticas dentro de un gobierno democrático. La promulgación de esta ley data de septiembre de 1980, donde el país se encontraba en lo que fue su última dictadura militar, es por eso que es considerada un símbolo y una herramienta que contribuye a perpetuar el modelo de dominación económica y cultural impuesto desde 1976. De esta manera, el gobierno se propone pensar en una nueva alternativa acorde a la tecnología vigente y adaptada a las necesidades actuales.

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como será su nombre, contiene 21 puntos esenciales fundados en la democratización de los medios, el pluralismo, la participación social, la diversidad cultural, las nuevas tecnologías, y el derecho a la libre investigación, información y expresión.

Como puntos destacables, se observa la creación de una Defensoría del público con el fin de garantizar los derechos de los receptores de información, la inclusión de la comunicación regional, la característica sin fines de lucro para los medios estatales, y la negación de licencias a aquellas personas que han violado los derechos humanos.